1. Estado, “Seguridad Democrática” y Gobierno
La sobrevivencia de la «seguridad democrática» y la preservación de la «confianza inversionista» son los temas que utiliza el presidente Uribe para resaltar la necesidad de continuidad y la manera de mantener vigente su proyecto de reelección. Indudablemente, estos han sido los dos frentes que presentan los resultados más claros y más beneficiosos de su gestión. Los próximos gobiernos tienen la responsabilidad de continuar el esfuerzo en la misma dirección. Pero de lo que se trata no es solamente de reelegir unas políticas sino entender colectivamente que el Estado colombiano ha fallado y que lo tenemos que reconstruir. El papel del Estado es proveer seguridad y preservar el orden político. Si no lo cumple, sobreviene la violencia y la gente pierde la posibilidad de buscar prosperidad en paz. Robert Bates, profesor de ciencia política Harvard, sostiene al respecto que África ha proporcionado un ejemplo, prácticamente de laboratorio, de lo que sucede cuando el Estado ha colapsado y se extingue la posibilidad de alcanzar orden político: la gente tiene que escoger entre paz y prosperidad. Lamentablemente, cuando falla el Estado, si se «quiere acumular riqueza, hay que estar preparados para defenderla», y para tomar las armas. «Mientras los que viven en Estados pueden gozar simultáneamente seguridad y prosperidad, los que viven donde han fallado los Estados tienen que escoger entre ser ricos y estar seguros; si no están dispuestos a pelear no pueden aspirar a las dos cosas» (Robert H. Bates, When Things Fall Apart, Cambridge University Press, 2008). Este diagnóstico, terrible y a la vez instructivo, no es una apología del paramilitarismo sino una denodada defensa del Estado, de la necesidad de que solamente exista un «especialista en violencia» – el Gobierno, y de que éste no use su poder para depredar sino para suministrar seguridad y orden. En Colombia hemos tenido simultáneamente dos, tres y hasta cuatro especialistas en violencia compitiendo con distintas formas de depredación, intimidación y de «protección» a grupos de población de distintos orígenes, y el dominio de «señores de la guerra» en partes del territorio nacional. Esta ha sido una inocultable falla del Estado y de las clases dirigentes que estuvieron dispuestas a fomentar y a tolerar formas de violencia que rompieron el equilibrio y debilitaron el orden político. Dotar al Estado de capacidad para cumplir con su principal función sin que se convierta en instrumento de unas clases contra otras debe ser un objetivo social y, aunque no se ha formulado explícitamente en esta forma, parece ser ahora un propósito nacional. No hay candidato o partido serio que piense o proponga otra cosa. Entonces, la política de «seguridad democrática» es solamente una pieza, importante para alcanzar este fin, pero ni es seguro que lo alcance sin que intervengan políticas complementarias, ni es algo que solamente Uribe puede hacer. Desmovilizar a los paramilitares y desmontar su poderío bélico, criminal y político, es esencial para fortalecer y reorientar la función del Estado. Uribe ha fortalecido a la fuerza pública y la ha motivado y dirigido exitosamente para debilitar a la guerrilla pero todavía hace falta derrotarla o llegar a un acuerdo político para que se desmovilice. A pesar de los esfuerzos realizados, la Mafia ejerce un poder económico y social que riñe con el concepto de Estado eficiente. Vamos a necesitar talento nuevo y un liderazgo diferente para construir un consenso internacional diferente, que permita dominar el narcotráfico y derrotar a sus mafias. Es posible entonces, y hasta probable, que otros puedan culminar estas tareas mejor que el actual Presidente. Y hay funciones del Gobierno, como la provisión de infraestructura, que exigen cambio de equipo.
2. Una silla vacía atravesada en el camino
Para aprobar el articulito de la Constitución que hizo posible la primera reelección fue necesario que el gobierno construyera una precaria mayoría cuyos últimos componentes, Yidis y Teodolindo, no parecen haber adherido a ella por convicción. Un comunicado de la Presidencia divulgado por el diario El Tiempo de Bogotá ha rechazado la figura de la silla vacía, que es uno de los elementos esenciales de la reforma política que discute el Congreso y es el mecanismo con el que se pretende castigar a los partidos cuyos miembros tienen vínculos con los grupos armados ilegales y fueron elegidos al congreso con el apoyo de estos grupos mediante presión indebida a la población o fraude electoral. Los argumentos que se aducen para rechazar este mecanismo, que contaba originalmente con el apoyo del gobierno y fue concebido en discusiones en las que este participó, es que «para la democracia no es buena la pretensión actual de afectar los partidos minoritarios y adoptar una figura de %¬silla vacía%¬, que desconoce la eficacia de la política de Seguridad Democrática para romper los vínculos entre el terrorismo y la política». Este argumento es curioso, en primer lugar porque pretende estar defendiendo a partidos o movimientos minoritarios, cuando lo que es claro, por pronunciamientos que han hecho el ministro del Interior y miembros de la coalición de gobierno, que lo que se busca es preservar las mayorías de esa coalición. Al gobierno le da miedo ahora quedarse sin las mayorías con las que cuenta, pero ese temor es evidencia de que no son legítimas. La otra parte del comunicado pretende crear a posteriori la impresión de que la reforma política se opone a la política de «seguridad democrática» o es innecesaria porque dicha política supuestamente rompe eficazmente los vínculos entre el paramilitarismo y la política. Esto no ha sido evidente y precisamente es porque existen los vínculos de congresistas con los paramilitares que se propuso la reforma política originalmente con el apoyo del gobierno. El comunicado oficial también declara en referencia a esta reforma que «el Gobierno Nacional considera un error pretender reformas a la Constitución por rebatiñas o mezquinos intereses políticos», en referencia a que son los partidos de oposición y últimamente el senador Vargas Lleras y algunos de sus seguidores quienes han estado propiciando la reforma como algo necesario para cambiar las malas costumbres políticas. Si prospera la idea de la silla vacía el gobierno puede quedarse sin mayoría en el Congreso y por eso se opone ahora a la reforma. El problema no es ese sino qué quiere hacer con las mayorías que pretende conservar y que están contaminadas por el vínculo de los miembros de los partidos oficialistas con los paramilitares. El gobierno desea utilizar esas mayorías para reformar la Constitución y esa reforma podría incluir una segunda reelección del Presidente. Para aprobar el articulito de la Constitución que hizo posible la primera reelección fue necesario que el gobierno construyera una precaria mayoría cuyos últimos componentes, Yidis y Teodolindo, no parecen haber adherido a ella por convicción. Para las reformas que ahora tiene en mente, que supuestamente no obedecen a motivaciones mezquinas ni son motivadas por rebatiñas pero que pueden incluir la reelección, el gobierno va a convocar una comisión de sabios que contarán con unas pocas semanas para estudiar y discutir el proyecto de reforma constitucional que deberá ser presentado el 20 de julio al Congreso. No se sabe si esta comisión será una mini constituyente de corte laureanista, ni se conoce el alcance de las reformas pretendidas. Se sabe eso sí que el gobierno cuenta para hacerlas aprobar con una mayoría que no tiene legitimidad para hacerlo, pues si la tuviera no estaría expuesta a ser afectada por la aplicación del castigo de la silla vacía.
3. Política: sorpresas te da la vida
El ministro del Interior y el gobierno han dado señales inequívocas de no desear que la reforma política avance para proteger mayorías que dice haber conformado, con mucha dificultad y no poca politiquería. Haberle quitado el respaldo a la reforma y estar detrás de la estratagema para hundirla, haciendo uso de la figura de las inhabilidades de los congresistas oficialistas, ha sido una decisión del gobierno que le resta credibilidad, le crea imagen de marrullero y por lo menos le cuesta en términos de consistencia, a pesar de que el efecto ‘Teflón’, que ampara al Presidente contra cualquier equivocación, cualquier desliz o cualquier manzanillada parece estar operando también en este caso. Pero querer hundir la reforma y la figura de la silla vacía, que apoyaba poco antes de que hacer las cuentas de cuantos ‘para-políticos’ hay en la coalición, indica claramente que el gobierno está dispuesto a incurrir en muchos riesgos para contar con el poder de hacer aprobar un tercer período para Uribe. No se sabe si fue por esta razón, que no ha debido ser una sorpresa, pero Germán Vargas Lleras reapareció, súbitamente, persuadido de que la reforma es necesaria. Posiblemente se dio cuenta de que si seguía callado en el rebaño, podía perder posición política y se hundiría el vacilante Rodrigo Lara, su suplente. También pudo haberse acordado de que en otro momento de su vida fue galanista, y que ese movimiento era un baluarte contra la politiquería.
O pudo haber estado motivado por los avances mediáticos de su rival dentro del gobierno, el ministro de Defensa. Vargas puede haber evaluado que su opción de llegar a la Presidencia no tendría vigencia sino hasta 2022, en el mejor de los casos, si Uribe no decide en 2013 lanzarse para un cuarto período.
Como Santos es jugador de Póker y Uribe es maestro en sacar conejos para distraer al público cuando necesita hacerlo, Vargas les ha dado a ambos algo de sus propias medicinas.
Con esa decisión le notificó al gobierno que no cuente las gallinas antes de que nazcan los pollitos, pues puede ser que se está desprestigiando para defender unas mayorías que no tiene, o que no dispone de ellas sin contar con él. Esto pone al gobierno en una encrucijada interesante porque la reelección de Uribe puede pasar a depender de lo que resuelvan con Vargas Lleras.
Pero también lo ha colocado a él en una disyuntiva crítica. Parece estar dispuesto a quemar las naves, aunque también es posible que lo que está haciendo sea solamente para quedar bien, porque la reforma no pasa, de todas formas, y hacer este gesto no le cuesta nada. Aún si se gana la batalla en la Comisión Primera del Senado, después la hunden en la Plenaria y todo sigue su curso.
Pero, de pronto, Vargas puede haber llegado a la conclusión de que seguir apoyando la coalición de gobierno, de tercero en una supuesta fila india, no le rinde tanto. Si defiende la reforma, distanciándose del gobierno, abre un espacio para hacer otras coaliciones, a las que puede llegar con las insignias de haber defendido una purga de las costumbres. Lo que decida hacer a partir de ahora puede ser la clave de su futura opción a la Presidencia, y si le dio un nuevo aliento a la reforma, ha dado un paso en la dirección que conviene.
Una vida trágica la del profesor Eduardo Umaña Luna, recientemente fallecido, pero fructífera y admirable en muchos aspectos intelectuales y personales.
4. Subsidiar, subsidiar y subsidiar
Me hace caer en cuenta Enrique Peñalosa que con lo que va a costar el subsidio anual a la primera línea de 30 kms. del metro de Bogotá, más o menos $300,000 millones al año, se podrían construir 20 mega colegios con nuevos cupos para 80.000 alumnos por jornada, o se podrían comprar 15.000 hectáreas de tierra en Bogotá y sus alrededores. Con 6.000 hectáreas, el 40 por ciento de esa tierra, se podría crear un programa de vivienda social para 1.5 millones, y ello acabaría con la presión para que sigan creciendo los barrios piratas. Con las hectáreas sobrantes se podrían construir muchos parques. Alternativamente se podrían construir 100 kms. de Transmilenio en 10 años. Nada de eso se va a hacer porque los bogotanos creemos que «tenemos derecho a montar en metro» (y que el país pague). También tenemos derecho a montar en carro particular, pero ahora que el presidente Uribe está concibiendo y proponiendo ideas geniales para racionar el consumo, como parar el país por 24 horas, hay que pensar si esa es la mejor manera de crear conciencia. Otro amigo que prefiere mantenerse anónimo me escribe al respecto que «el subsidio a la gasolina corriente es un subsidio a las clases altas y a las clases medias altas que tienen carro particular. Ellos son unas minorías que demandan cada vez una mayor porción del presupuesto público para la construcción de avenidas, calles y puentes». A él no le escandaliza tanto que se subsidie el ACPM, ya que altos precios de ese combustible repercuten en el costo de transporte de los alimentos y en las tarifas de transporte por buses de las grandes mayorías. Pero considera «aberrante y totalmente inequitativo que mientras no hay presupuesto para atender las necesidades» más apremiantes, se subsidie implícitamente a los propietarios de carros particulares que son los que consumen gasolina a la lata (el cálculo que hace es que con el barril de petróleo a US$ 133, el subsidio a la gasolina le cuesta al gobierno 2.5 billones al año). No encuentra justificación alguna para ese subsidio y añade que se debería abolir o disminuir para dejar que el precio interno de la gasolina refleje su costo y fluctúe conforme al mercado mundial de tal manera que los dueños de automóviles nos veamos obligados a hacer un uso más racional de los mismos y a montar en Transmilenio. De verdad llama la atención que si el gobierno percibe la necesidad de crear conciencia y de bajar el consumo de gasolina, no se piense que la mejor manera de racionar y racionalizar el consumo de un producto que está subsidiado es dejar que su precio refleje los costos de ponerlo a disposición del público. Además, si el subsidio implícito cuesta millones de millones de pesos, tenemos la obligación de discutir si conviene mantenerlo o si más bien se podría destinar a educación, salud y vivienda social. Si en Bogotá se harían maravillas con el subsidio del metro, con este se podría comprar tierra para construir vivienda social para 12 millones de personas, o construir cada año entre 80.000 y 100.000 viviendas, o crear y dotar 167 mega colegios con cupo para 668.000 jóvenes. Y los ricos de Cali, Barranquilla, Cartagena Bucaramanga y el resto del país presionarían a los alcaldes corruptos y/o ineptos para que les terminen pronto los proyectos de transporte masivo, en lugar de quejarse, como lo hacen ahora, de que esos sistemas «transportan es a los pobres» y hacen cada vez más difícil el tránsito de los vehículos de los que tienen su propio carro.
5. Ay Carimagua, vida mía
Al parecer las tierras de Carimagua no son tan malas como dijo hace un tiempo el Ministro de Agricultura y los empresarios interesados siguen detrás de la misma presa. Al parecer las tierras de Carimagua no son tan malas como dijo hace un tiempo el Ministro de Agricultura y los empresarios interesados siguen detrás de la misma presa. Ahora informan que «una comisión de expertos, convocada por el propio Gobierno, acaba de dictaminar que en el predio Carimagua en Puerto Gaitán (Meta), sí se pueden adelantar proyectos agroindustriales entre pequeños productores, familias de desplazados y privados (sic)». Para llegar a esa conclusión no se necesitaban tantos expertos. Hubieran podido ir a ver lo que ha organizado Carlos Murgas en Maríalabaja y en el Cesar, la organización del complejo agroindustrial que desde hace muchos años creó Lloreda al lado del río Magdalena para producir palma africana y aceite, o lo que ha hecho Indupalma. Es lo que se le dijo a Arias cuando quería entregarle esa tierra a unos ricos avispados con el argumento, palabras más, palabras menos, de que no iba a perjudicar a unos pobres desplazados entregándoles una tierra y exponiéndolos a que se quebraran; que mejor dársela a unos ricos para que algún empleo les darían a esos desplazados. Pero eso es cosa del pasado. Ahora se abrió la puerta para que se desarrolle un proyecto agroindustrial de una dimensión importante que ofrece la oportunidad de crear un modelo de producción campesina que puede adaptarse para la explotación de las tierras que se le incautan a los narcotraficantes, a los paramilitares, a los lavadores de dólares y eventualmente a los testaferros de la guerrilla y los usufructuarios del clientelismo. Esa reforma que está en curso en el Congreso que destinaría esas tierras y esos recursos a reparar el daño que se le ha hecho a la población, particularmente a los desplazados y a las familias de las víctimas, puede ser un escenario para reglamentar como se va a llevar esto a cabo, y Carimagua puede convertirse en el experimento piloto. Se vislumbra la posibilidad de que en Colombia se emprenda con seriedad una repartición de tierras que promueva el acceso de la población rural a la propiedad o por lo menos a su usufructo. El primer paso será vigilar que detrás de este cambio de opinión no haya una agenda oculta y que la tierra de Carimagua, que aparentemente ya no es ni ácida, ni improductiva, quede prioritaria y mayoritariamente en manos de pequeños propietarios campesinos y no de los empresarios que se querían quedar con ella cuando la iban a dar por nada. En un proyecto de las dimensiones que tiene Carimagua, de aproximadamente 17,000 hectáreas, menos de la tercera parte debe quedar en manos de empresarios y el resto debería destinarse a las familias. Está bien que el gobierno conserve el derecho a la propiedad por un número de años, para asegurar que no la ferien, pero eventualmente tiene que transferirse la propiedad a las familias que las trabajan en un horizonte de tiempo que les permita recobrar el esfuerzo invertido. También es importante que la labor del gobierno no se limite a organizar una subasta y dejar eso en manos de unos empresarios a la topa tolondra. Esta es una ocasión propicia para llevar a cabo una planeación previa con el concurso de la Universidad Nacional, ojalá en consorcio con una de las grandes universidades agrícolas de los Estados Unidos y/o de Brasil para establecer qué cultivos son deseables y la mejor forma de producción de cada cual, y para dejar bien montados esquemas efectivos de extensión, asistencia técnica y financiera a los campesinos y un mecanismo que garanticen su supervivencia hasta que comiencen a dar fruto los cultivos.
La sobrevivencia de la «seguridad democrática» y la preservación de la «confianza inversionista» son los temas que utiliza el presidente Uribe para resaltar la necesidad de continuidad y la manera de mantener vigente su proyecto de reelección. Indudablemente, estos han sido los dos frentes que presentan los resultados más claros y más beneficiosos de su gestión. Los próximos gobiernos tienen la responsabilidad de continuar el esfuerzo en la misma dirección. Pero de lo que se trata no es solamente de reelegir unas políticas sino entender colectivamente que el Estado colombiano ha fallado y que lo tenemos que reconstruir. El papel del Estado es proveer seguridad y preservar el orden político. Si no lo cumple, sobreviene la violencia y la gente pierde la posibilidad de buscar prosperidad en paz. Robert Bates, profesor de ciencia política Harvard, sostiene al respecto que África ha proporcionado un ejemplo, prácticamente de laboratorio, de lo que sucede cuando el Estado ha colapsado y se extingue la posibilidad de alcanzar orden político: la gente tiene que escoger entre paz y prosperidad. Lamentablemente, cuando falla el Estado, si se «quiere acumular riqueza, hay que estar preparados para defenderla», y para tomar las armas. «Mientras los que viven en Estados pueden gozar simultáneamente seguridad y prosperidad, los que viven donde han fallado los Estados tienen que escoger entre ser ricos y estar seguros; si no están dispuestos a pelear no pueden aspirar a las dos cosas» (Robert H. Bates, When Things Fall Apart, Cambridge University Press, 2008). Este diagnóstico, terrible y a la vez instructivo, no es una apología del paramilitarismo sino una denodada defensa del Estado, de la necesidad de que solamente exista un «especialista en violencia» – el Gobierno, y de que éste no use su poder para depredar sino para suministrar seguridad y orden. En Colombia hemos tenido simultáneamente dos, tres y hasta cuatro especialistas en violencia compitiendo con distintas formas de depredación, intimidación y de «protección» a grupos de población de distintos orígenes, y el dominio de «señores de la guerra» en partes del territorio nacional. Esta ha sido una inocultable falla del Estado y de las clases dirigentes que estuvieron dispuestas a fomentar y a tolerar formas de violencia que rompieron el equilibrio y debilitaron el orden político. Dotar al Estado de capacidad para cumplir con su principal función sin que se convierta en instrumento de unas clases contra otras debe ser un objetivo social y, aunque no se ha formulado explícitamente en esta forma, parece ser ahora un propósito nacional. No hay candidato o partido serio que piense o proponga otra cosa. Entonces, la política de «seguridad democrática» es solamente una pieza, importante para alcanzar este fin, pero ni es seguro que lo alcance sin que intervengan políticas complementarias, ni es algo que solamente Uribe puede hacer. Desmovilizar a los paramilitares y desmontar su poderío bélico, criminal y político, es esencial para fortalecer y reorientar la función del Estado. Uribe ha fortalecido a la fuerza pública y la ha motivado y dirigido exitosamente para debilitar a la guerrilla pero todavía hace falta derrotarla o llegar a un acuerdo político para que se desmovilice. A pesar de los esfuerzos realizados, la Mafia ejerce un poder económico y social que riñe con el concepto de Estado eficiente. Vamos a necesitar talento nuevo y un liderazgo diferente para construir un consenso internacional diferente, que permita dominar el narcotráfico y derrotar a sus mafias. Es posible entonces, y hasta probable, que otros puedan culminar estas tareas mejor que el actual Presidente. Y hay funciones del Gobierno, como la provisión de infraestructura, que exigen cambio de equipo.
2. Una silla vacía atravesada en el camino
Para aprobar el articulito de la Constitución que hizo posible la primera reelección fue necesario que el gobierno construyera una precaria mayoría cuyos últimos componentes, Yidis y Teodolindo, no parecen haber adherido a ella por convicción. Un comunicado de la Presidencia divulgado por el diario El Tiempo de Bogotá ha rechazado la figura de la silla vacía, que es uno de los elementos esenciales de la reforma política que discute el Congreso y es el mecanismo con el que se pretende castigar a los partidos cuyos miembros tienen vínculos con los grupos armados ilegales y fueron elegidos al congreso con el apoyo de estos grupos mediante presión indebida a la población o fraude electoral. Los argumentos que se aducen para rechazar este mecanismo, que contaba originalmente con el apoyo del gobierno y fue concebido en discusiones en las que este participó, es que «para la democracia no es buena la pretensión actual de afectar los partidos minoritarios y adoptar una figura de %¬silla vacía%¬, que desconoce la eficacia de la política de Seguridad Democrática para romper los vínculos entre el terrorismo y la política». Este argumento es curioso, en primer lugar porque pretende estar defendiendo a partidos o movimientos minoritarios, cuando lo que es claro, por pronunciamientos que han hecho el ministro del Interior y miembros de la coalición de gobierno, que lo que se busca es preservar las mayorías de esa coalición. Al gobierno le da miedo ahora quedarse sin las mayorías con las que cuenta, pero ese temor es evidencia de que no son legítimas. La otra parte del comunicado pretende crear a posteriori la impresión de que la reforma política se opone a la política de «seguridad democrática» o es innecesaria porque dicha política supuestamente rompe eficazmente los vínculos entre el paramilitarismo y la política. Esto no ha sido evidente y precisamente es porque existen los vínculos de congresistas con los paramilitares que se propuso la reforma política originalmente con el apoyo del gobierno. El comunicado oficial también declara en referencia a esta reforma que «el Gobierno Nacional considera un error pretender reformas a la Constitución por rebatiñas o mezquinos intereses políticos», en referencia a que son los partidos de oposición y últimamente el senador Vargas Lleras y algunos de sus seguidores quienes han estado propiciando la reforma como algo necesario para cambiar las malas costumbres políticas. Si prospera la idea de la silla vacía el gobierno puede quedarse sin mayoría en el Congreso y por eso se opone ahora a la reforma. El problema no es ese sino qué quiere hacer con las mayorías que pretende conservar y que están contaminadas por el vínculo de los miembros de los partidos oficialistas con los paramilitares. El gobierno desea utilizar esas mayorías para reformar la Constitución y esa reforma podría incluir una segunda reelección del Presidente. Para aprobar el articulito de la Constitución que hizo posible la primera reelección fue necesario que el gobierno construyera una precaria mayoría cuyos últimos componentes, Yidis y Teodolindo, no parecen haber adherido a ella por convicción. Para las reformas que ahora tiene en mente, que supuestamente no obedecen a motivaciones mezquinas ni son motivadas por rebatiñas pero que pueden incluir la reelección, el gobierno va a convocar una comisión de sabios que contarán con unas pocas semanas para estudiar y discutir el proyecto de reforma constitucional que deberá ser presentado el 20 de julio al Congreso. No se sabe si esta comisión será una mini constituyente de corte laureanista, ni se conoce el alcance de las reformas pretendidas. Se sabe eso sí que el gobierno cuenta para hacerlas aprobar con una mayoría que no tiene legitimidad para hacerlo, pues si la tuviera no estaría expuesta a ser afectada por la aplicación del castigo de la silla vacía.
3. Política: sorpresas te da la vida
El ministro del Interior y el gobierno han dado señales inequívocas de no desear que la reforma política avance para proteger mayorías que dice haber conformado, con mucha dificultad y no poca politiquería. Haberle quitado el respaldo a la reforma y estar detrás de la estratagema para hundirla, haciendo uso de la figura de las inhabilidades de los congresistas oficialistas, ha sido una decisión del gobierno que le resta credibilidad, le crea imagen de marrullero y por lo menos le cuesta en términos de consistencia, a pesar de que el efecto ‘Teflón’, que ampara al Presidente contra cualquier equivocación, cualquier desliz o cualquier manzanillada parece estar operando también en este caso. Pero querer hundir la reforma y la figura de la silla vacía, que apoyaba poco antes de que hacer las cuentas de cuantos ‘para-políticos’ hay en la coalición, indica claramente que el gobierno está dispuesto a incurrir en muchos riesgos para contar con el poder de hacer aprobar un tercer período para Uribe. No se sabe si fue por esta razón, que no ha debido ser una sorpresa, pero Germán Vargas Lleras reapareció, súbitamente, persuadido de que la reforma es necesaria. Posiblemente se dio cuenta de que si seguía callado en el rebaño, podía perder posición política y se hundiría el vacilante Rodrigo Lara, su suplente. También pudo haberse acordado de que en otro momento de su vida fue galanista, y que ese movimiento era un baluarte contra la politiquería.
O pudo haber estado motivado por los avances mediáticos de su rival dentro del gobierno, el ministro de Defensa. Vargas puede haber evaluado que su opción de llegar a la Presidencia no tendría vigencia sino hasta 2022, en el mejor de los casos, si Uribe no decide en 2013 lanzarse para un cuarto período.
Como Santos es jugador de Póker y Uribe es maestro en sacar conejos para distraer al público cuando necesita hacerlo, Vargas les ha dado a ambos algo de sus propias medicinas.
Con esa decisión le notificó al gobierno que no cuente las gallinas antes de que nazcan los pollitos, pues puede ser que se está desprestigiando para defender unas mayorías que no tiene, o que no dispone de ellas sin contar con él. Esto pone al gobierno en una encrucijada interesante porque la reelección de Uribe puede pasar a depender de lo que resuelvan con Vargas Lleras.
Pero también lo ha colocado a él en una disyuntiva crítica. Parece estar dispuesto a quemar las naves, aunque también es posible que lo que está haciendo sea solamente para quedar bien, porque la reforma no pasa, de todas formas, y hacer este gesto no le cuesta nada. Aún si se gana la batalla en la Comisión Primera del Senado, después la hunden en la Plenaria y todo sigue su curso.
Pero, de pronto, Vargas puede haber llegado a la conclusión de que seguir apoyando la coalición de gobierno, de tercero en una supuesta fila india, no le rinde tanto. Si defiende la reforma, distanciándose del gobierno, abre un espacio para hacer otras coaliciones, a las que puede llegar con las insignias de haber defendido una purga de las costumbres. Lo que decida hacer a partir de ahora puede ser la clave de su futura opción a la Presidencia, y si le dio un nuevo aliento a la reforma, ha dado un paso en la dirección que conviene.
Una vida trágica la del profesor Eduardo Umaña Luna, recientemente fallecido, pero fructífera y admirable en muchos aspectos intelectuales y personales.
4. Subsidiar, subsidiar y subsidiar
Me hace caer en cuenta Enrique Peñalosa que con lo que va a costar el subsidio anual a la primera línea de 30 kms. del metro de Bogotá, más o menos $300,000 millones al año, se podrían construir 20 mega colegios con nuevos cupos para 80.000 alumnos por jornada, o se podrían comprar 15.000 hectáreas de tierra en Bogotá y sus alrededores. Con 6.000 hectáreas, el 40 por ciento de esa tierra, se podría crear un programa de vivienda social para 1.5 millones, y ello acabaría con la presión para que sigan creciendo los barrios piratas. Con las hectáreas sobrantes se podrían construir muchos parques. Alternativamente se podrían construir 100 kms. de Transmilenio en 10 años. Nada de eso se va a hacer porque los bogotanos creemos que «tenemos derecho a montar en metro» (y que el país pague). También tenemos derecho a montar en carro particular, pero ahora que el presidente Uribe está concibiendo y proponiendo ideas geniales para racionar el consumo, como parar el país por 24 horas, hay que pensar si esa es la mejor manera de crear conciencia. Otro amigo que prefiere mantenerse anónimo me escribe al respecto que «el subsidio a la gasolina corriente es un subsidio a las clases altas y a las clases medias altas que tienen carro particular. Ellos son unas minorías que demandan cada vez una mayor porción del presupuesto público para la construcción de avenidas, calles y puentes». A él no le escandaliza tanto que se subsidie el ACPM, ya que altos precios de ese combustible repercuten en el costo de transporte de los alimentos y en las tarifas de transporte por buses de las grandes mayorías. Pero considera «aberrante y totalmente inequitativo que mientras no hay presupuesto para atender las necesidades» más apremiantes, se subsidie implícitamente a los propietarios de carros particulares que son los que consumen gasolina a la lata (el cálculo que hace es que con el barril de petróleo a US$ 133, el subsidio a la gasolina le cuesta al gobierno 2.5 billones al año). No encuentra justificación alguna para ese subsidio y añade que se debería abolir o disminuir para dejar que el precio interno de la gasolina refleje su costo y fluctúe conforme al mercado mundial de tal manera que los dueños de automóviles nos veamos obligados a hacer un uso más racional de los mismos y a montar en Transmilenio. De verdad llama la atención que si el gobierno percibe la necesidad de crear conciencia y de bajar el consumo de gasolina, no se piense que la mejor manera de racionar y racionalizar el consumo de un producto que está subsidiado es dejar que su precio refleje los costos de ponerlo a disposición del público. Además, si el subsidio implícito cuesta millones de millones de pesos, tenemos la obligación de discutir si conviene mantenerlo o si más bien se podría destinar a educación, salud y vivienda social. Si en Bogotá se harían maravillas con el subsidio del metro, con este se podría comprar tierra para construir vivienda social para 12 millones de personas, o construir cada año entre 80.000 y 100.000 viviendas, o crear y dotar 167 mega colegios con cupo para 668.000 jóvenes. Y los ricos de Cali, Barranquilla, Cartagena Bucaramanga y el resto del país presionarían a los alcaldes corruptos y/o ineptos para que les terminen pronto los proyectos de transporte masivo, en lugar de quejarse, como lo hacen ahora, de que esos sistemas «transportan es a los pobres» y hacen cada vez más difícil el tránsito de los vehículos de los que tienen su propio carro.
5. Ay Carimagua, vida mía
Al parecer las tierras de Carimagua no son tan malas como dijo hace un tiempo el Ministro de Agricultura y los empresarios interesados siguen detrás de la misma presa. Al parecer las tierras de Carimagua no son tan malas como dijo hace un tiempo el Ministro de Agricultura y los empresarios interesados siguen detrás de la misma presa. Ahora informan que «una comisión de expertos, convocada por el propio Gobierno, acaba de dictaminar que en el predio Carimagua en Puerto Gaitán (Meta), sí se pueden adelantar proyectos agroindustriales entre pequeños productores, familias de desplazados y privados (sic)». Para llegar a esa conclusión no se necesitaban tantos expertos. Hubieran podido ir a ver lo que ha organizado Carlos Murgas en Maríalabaja y en el Cesar, la organización del complejo agroindustrial que desde hace muchos años creó Lloreda al lado del río Magdalena para producir palma africana y aceite, o lo que ha hecho Indupalma. Es lo que se le dijo a Arias cuando quería entregarle esa tierra a unos ricos avispados con el argumento, palabras más, palabras menos, de que no iba a perjudicar a unos pobres desplazados entregándoles una tierra y exponiéndolos a que se quebraran; que mejor dársela a unos ricos para que algún empleo les darían a esos desplazados. Pero eso es cosa del pasado. Ahora se abrió la puerta para que se desarrolle un proyecto agroindustrial de una dimensión importante que ofrece la oportunidad de crear un modelo de producción campesina que puede adaptarse para la explotación de las tierras que se le incautan a los narcotraficantes, a los paramilitares, a los lavadores de dólares y eventualmente a los testaferros de la guerrilla y los usufructuarios del clientelismo. Esa reforma que está en curso en el Congreso que destinaría esas tierras y esos recursos a reparar el daño que se le ha hecho a la población, particularmente a los desplazados y a las familias de las víctimas, puede ser un escenario para reglamentar como se va a llevar esto a cabo, y Carimagua puede convertirse en el experimento piloto. Se vislumbra la posibilidad de que en Colombia se emprenda con seriedad una repartición de tierras que promueva el acceso de la población rural a la propiedad o por lo menos a su usufructo. El primer paso será vigilar que detrás de este cambio de opinión no haya una agenda oculta y que la tierra de Carimagua, que aparentemente ya no es ni ácida, ni improductiva, quede prioritaria y mayoritariamente en manos de pequeños propietarios campesinos y no de los empresarios que se querían quedar con ella cuando la iban a dar por nada. En un proyecto de las dimensiones que tiene Carimagua, de aproximadamente 17,000 hectáreas, menos de la tercera parte debe quedar en manos de empresarios y el resto debería destinarse a las familias. Está bien que el gobierno conserve el derecho a la propiedad por un número de años, para asegurar que no la ferien, pero eventualmente tiene que transferirse la propiedad a las familias que las trabajan en un horizonte de tiempo que les permita recobrar el esfuerzo invertido. También es importante que la labor del gobierno no se limite a organizar una subasta y dejar eso en manos de unos empresarios a la topa tolondra. Esta es una ocasión propicia para llevar a cabo una planeación previa con el concurso de la Universidad Nacional, ojalá en consorcio con una de las grandes universidades agrícolas de los Estados Unidos y/o de Brasil para establecer qué cultivos son deseables y la mejor forma de producción de cada cual, y para dejar bien montados esquemas efectivos de extensión, asistencia técnica y financiera a los campesinos y un mecanismo que garanticen su supervivencia hasta que comiencen a dar fruto los cultivos.
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